Argentina expolia YPF a Repsol

 
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, ha declarado de utilidad publica y sujeto a expropiación el 51% del capital de la petrolera YPF, controlada por Repsol. De la participación expropiada, el Estado se quedaría con un 51% y las provincias petroleras, un 49%
 
C. Monforte – Madrid 
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habla hoy, lunes 16 de abril de 2012, en una conferencia de prensa en Buenos Aires (Argentina) – Efe

Cuando en muchos medios políticos se daba por segura una tregua en el conflicto de YPF, ha saltado la bomba: la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado públicamente que su Gobierno ha remitido al Parlamento del país el proyecto de ley filtrado la semana pasada, en el que se establece la declaración de “utilidad publica” de la filial controlada por lla petrolera española Repsol, y la expropiación del 51%. De este, quedará en manos del Estado el paquete de control (el 51%), mientras que las provincias productoras de hidrocarburos tendrían el 49%. El título tres de la nueva norma alude a la “recuperación del control de YPF” y a la “expropiación” de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol.

En medio de la confusión, pues no ha habido un comunicado por escrito, hay quien interpretó que el capital expropiado era el 100%. Kirchner ha desoido las advertencias del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américass celebrada este fin de semana en Colombia; del Gobierno español y de la propia Unión Europea.

 
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Según el proyecto de ley, serán expropiada la participación del grupo argentino Petersen (de la familia Eskenazi), que tiene más de un 25%, y otro 25% del 57% que tiene Repsol. Inversores de Wall Street tienen un 18%, por el que pagaron 4.000 millones de dólares hace un año. Repsol ha invertido en Argentina 20.000 millones en los 13 años desde que compró la filial argentina en 1999. Kirchner no ha hecho alusión a cuánto pagará Argetina por la expropiación: según los estatutos de YPF, de acuerdo con la ley de su privatización, este precio es de unos 18.000 millones de dólares (unos 13.700 millones de euros). Argentina se enfrenta a una avalancha de demandas.

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