Ciudadano ‘subprime’

 

 

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL 

Julio César Rodríguez, nacido hace 48 años en Quito (Ecuador), está condenado a exclusión social. Su error fue firmar un préstamo hipotecario en los años de la fiebre inmobiliaria en España. El préstamo existe, figura en los balances, pero jamás será cobrado. Es un crédito subprime, de alto riesgo. Nadie sabe cuántos hay. Esta es la historia de uno de ellos. 

Julio César Rodríguez consiguió dos créditos. Ahora está en la calle y debe una fortuna.- ÁLVARO GARCÍA

En una oficina de la inmobiliaria Tecnocasa expuso su situación. Tenía dinero y quería un piso. Ya no había que decir más. En la financiera de al lado le dijeron que su contrato indefinido de 850 euros al mes como mozo de almacén en H&M no era suficiente, pero podía sumar la nómina de su hermana, de 1.100 euros al mes como teleoperadora. Ella aceptó participar. 

“Entonces, el de la oficina me dijo: ‘Con estos papeles podéis comprar dos pisos en vez de uno”. Y le explicaron cómo era posible que les dieran dos créditos. “Me dijo que la forma era abrir una cuenta, con ella conseguir un crédito y comprar un piso, y antes de un mes mover el dinero a otra cuenta de otro banco y hacer lo mismo con otro piso. Me dijo que si se tardaba más tiempo, los datos llegaban al Banco de España y ya no podía comprar nada”. 

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es un registro donde los bancos envían toda la información crediticia de sus clientes. Gracias a él, el supervisor y los propios bancos deberían poder detectar operaciones de crédito de alto riesgo, con grandes probabilidades de impago. Las entidades envían los datos de sus clientes una vez al mes. Es decir, lo que le explicaron fue que operaciones como la de Julio César y su hermana debían cerrarse con una diferencia de pocos días, de forma que el CIRBE no detectara que se estaba concediendo una hipoteca a alguien que ya estaba entrampado con otra. Rafael Mayoral, uno de los abogados que ahora asisten gratuitamente a Rodríguez, define todo el proceso como “una serie de operaciones, todas legales, cuyo objetivo final es cometer una ilegalidad: eludir el control de riesgos del regulador”. 

Con todo decidido, le anunciaron que hacía falta otra nómina más. Aceptaron la de su cuñado, a pesar de que ya era propietario de un piso y avalista de otro. En este punto de la historia, Rodríguez aún no sabía ni qué piso quería. De los que le ofrecían, le gustó el 1º izquierda del número 9 de la calle Valdecanillas, en San Blas. “No había que subir mucho y tenía mucha luz. Y yo me dije: ‘Aquí, aquí estamos hechos”. 

La siguiente semana, Julio César se ocupó solo de abrir cuentas bancarias por orden de la gestoría. Primero llevó sus 36.000 euros a una caja de ahorros que le indicaron. “El técnico de la financiera levantó el teléfono, dio mis datos y dijo: ‘Ya está, ya tienes el crédito aprobado. Ve para allá”. Ese sería el crédito del piso de su hermana, en el que figuran como propietarios ella, él y su cuñado al 33%. Se enteraron de este arreglo en la mesa del notario. No era lo acordado, pero firmaron porque ya habían dado 9.000 euros de comisión a la agencia. 

Después le indicaron que fuera a una sucursal de Caja Madrid determinada donde también le estaban esperando con un crédito personal listo para firmar. Al tiempo, le dijeron que sacara sus ahorros de la entidad inicial y los llevara a una determinada sucursal del Banco Guipuzcoano. Allí le estaban esperando con el crédito hipotecario concedido. Tres créditos, en tres entidades distintas, en una semana, para comprar dos pisos. Sin preguntas. Intervinieron la inmobiliaria, dos intermediarias (Vallehermoso Financiaciones y Tecnitasa Gestión Hipotecaria), dos cajas y un banco. 

 

El 23 de febrero de 2006, Julio César Rodríguez firmó la escritura de su casa en San Blas. Medía 80 metros cuadrados. No tenía ascensor y tenía más de 40 años de antigüedad. La compró con un crédito de 283.000 euros del Guipuzcoano, más 12.000 del crédito personal de Caja Madrid, para cubrir todos los gastos. El piso estaba tasado por la empresa Tecnitasa Tasaciones en 354.000 euros, diez millones de pesetas más del precio. Es decir, que le vendían un duro a cuatro pesetas. Pagaría 892 euros mensuales por el préstamo hipotecario más 250 por el préstamo personal. 

Hace dos años, Rodríguez se quedó en paro. Siguió pagando la hipoteca, sacando de donde pudo, hasta que dejó de pagar. El banco inició el procedimiento de ejecución. Cuando ya se veía en la calle, intentó resolver la deuda. Con 14.500 euros, le indicaron, se ponía al corriente de pago. “Pedí prestado, vendí un terreno que tenía en Ecuador y reuní el dinero”. Después le observaron que faltaban 1.500 más. Pidiendo favores, sacó 1.600 euros. “Al mes me dicen que debo además los costes judiciales, que eran 4.410,30 euros, a pagar en 10 días”. 

Ya no podía pedir un euro más a nadie. Fue al banco y suplicó que se quedaran con su piso, pero no aceptaron. Pidió que le asistiera la justicia gratuita en el proceso, pero no podía acceder a ella porque formalmente tenía un piso. Además de todo esto, en el banco le comentaron que había un error en la escritura y que la cuota estaba mal calculada, que tenían que recalcularla muy por encima de lo que pagaba. La sucursal del Banco Guipuzcoano aludida declinó dar su versión de este caso. 

Con todos estos datos, los abogados que le asisten gratuitamente decidieron ir a los tribunales con este planteamiento: Rodríguez no es un moroso, sino que ha sido engañado. “La única diferencia entre este caso y otros miles de ellos es que Julio César se ha plantado. Él no es culpable, sino víctima de una estafa, y quiere denunciarlo”, dice Mayoral. La denuncia, una rareza dentro del drama de las ejecuciones hipotecarias, es por estafa contra el apoderado de la gestoría que firmó la venta. Cuando el denunciado prestó declaración ante el juez, dijo que él sólo firmaba ventas y que ignoraba los trámites previos. 

El pasado 14 de mayo, Julio César fue desahuciado. El desahucio está recurrido en amparo ante el Constitucional. 

Tras la subasta de la casa, el banco se la quedó por la mitad de su valor de tasación, es decir, 177.000 euros. Con la ley hipotecaria española, la deuda no se acaba ahí, sino que el deudor responde con su patrimonio hasta saldar el total. La situación de Julio César es que debe la mitad del piso según su tasación, más las costas judiciales de su desahucio, más los intereses, más las costas judiciales del procedimiento contra sus avalistas, que son su hermana y su cuñado. Julio César Rodríguez, ecuatoriano en paro de 48 años que trabajó hasta ahorrar 36.000 euros y quiso comprarse una casa, debe hoy 325.000 euros. 

Rodríguez vive en casa de su hijo mayor, militar del Ejército español de 22 años, con la esposa de este y un niño pequeño. Cuenta que Caja Madrid le ha empezado a embargar a su hermana cada mes 350 euros de un sueldo de 1.500, como codeudora del crédito personal impagado. A su cuñado, asegura, el Guipuzcoano le embarga 489 euros de un sueldo de 1.900 euros, ya que firmó como deudor solidario de la hipoteca. Caja Madrid declinó comentar este caso, pero aseguró que su política es negociar todo lo posible antes de embargar. 

Julio César cobra, por ahora, la ayuda de 426 euros del Gobierno, inembargable por ley. Si consiguiera un trabajo, le embargarían el sueldo. No le queda absolutamente nada. Jamás podrá pagar su deuda. 

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