El Gobierno abre la puerta a que las cajas decidan su desaparición

 

El Gobierno abre la puerta a que las cajas que así lo deseen vendan todo sus activos y puedan desaparecer. El decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros para reformar el sector, tal y como anunció ayer el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, permitirá a las cajas acudir en igualdad de condiciones que los bancos al mercado para captar capital a través de la emisión de cuotas participativas con derechos políticos. Sin embargo, no se fija por ley ningún tope para ello, con lo que las entidades que así lo decidan podrán optar por vender todo su patrimonio al capital privado. Eso sí, a cambio, se les obliga a renunciar a la denominación de caja para transformarse en fundación y dedicarse únicamente a la obra social, aunque no se establece con qué dinero.La norma, con la que el Ejecutivo da por concluido la reforma del sistema financiero que ha provocado la crisis y establece instrumentos para que puedan mejorar su solvencia, verdadera razón de ser de los cambios, entrará en vigor en cuanto se publique el decreto ley en el Boletín Oficial del Estado, lo que se prevé que suceda en los próximos días.

Entre las otras novedades reveladas hoy por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se impone un límite de tres años para que los cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de estas entidades. “A medida que vayan concluyendo los actuales mandatos”, ha matizado la titular del departamento.

Pese a ello, las autonomías mantendrán cierta representación. Aunque con claras diferencias frente a la situación vigente. Así, se aprueba que sean los Parlamentos autonómicos y no los Gobiernos regionales, como hasta ahora, los que decidan por mayoría quienes han de representarles en las entidades. Además, los elegidos, que deberán ser técnicos o personalidades aparentemente independientes con la nueva ley, no podrán superar el 40% del total de los derechos de voto en sus diferentes órganos de gobierno, frente al 50% actual. El resto lo ocuparán los representantes de los sindicatos, de los impositores -los ahorradores que tienen su dinero en las cajas- y, en su caso, de los compradores de las nuevas cuotas similares a las acciones.

Diseñada para que las cajas “puedan crecer”

En este sentido, la reforma, diseñada para que las cajas “puedan crecer”, según ha destacado Salgado, ofrece a las entidades cuatro modalidades jurídicas para funcionar a partir de ahora. La decisión se deberá tomar por una mayoría de dos tercios de sus órganos de gobierno. La primera alternativa, que es la que más se parece al estatus actual, es la de mantener su condición de caja de ahorro adoptando el nuevo régimen de cuotas participativas con derechos políticos o no, según ella misma decida, y adaptando sus estatutos a las modificaciones en el gobierno corporativo, que obliga a elaborar un informe anual.

La segunda opción es integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), las conocidas como fusiones frías ya que permite a sus partícipes mantener la marca y personalidad propia -obra social- a cambio de juntar activos, tasa de solvencia, beneficios y pérdidas. Según ha explicado Salgado, dos o más cajas podrán adoptar este tipo de unión a partir de la creación de un banco central que, a partir ahora, solo podrá ser sociedad anónima. También se cambia el volumen mínimo de los activos a compartir, que pasa del 40 al 50%, lo que refuerza la implicación de las cajas en la entidad resultante. Además, se autoriza al Banco de España a que evalúe con carácter previo el impacto de la salida de alguno de sus miembros.

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Ceder el negocio a un banco

 

La tercera vía pasa porque la entidad ceda todo su negocio financiero a un banco, ya sea de nueva creación o no, manteniendo su condición de caja siempre y cuando el capital privado no supere el 50% del capital del banco. En este caso, aunque la caja ceda la responsabilidad de la gestión del negocio, seguirá teniendo como primer accionista la última palabra en la obra social y la cartera industrial. Por último, se ofrece a las cajas que así lo deseen la posibilidad de transformarse en fundación cediendo todo su negocio como entidad de crédito a un banco en el que participa y limitándose a decidir sobre la obra social.

En todos estos casos, las cajas podrán acudir al mercado a captar capital a través de cuotas participativas con derechos políticos, lo que habilita a los compradores de las mismas a sentarse en los órganos de gobierno de las entidades de forma proporcional al volumen de títulos adquiridos. Hasta ahora, solo podían emitir simples cuotas participativas de forma limitada y con derechos acotados sobre los beneficios. Según ha admitido la propia Salgado, la concesión de derechos políticos y el hecho de que se eliminan los topes tanto a su emisión como a la política de retribución -dividendos-, hace que invertir en el sector sea más atractivo.

Con la nueva ley, las cajas podrán sacar al mercado -a Bolsa- cuantas cuotas quieran y en el momento que ellas deseen pero con un límite: si venden más del 50% de su patrimonio y ceden al capital privado el control del consejo de administración o la asamblea, sus dos principales órganos de gobierno junto a la comisión de control, se les obliga a cambiar de denominación y transformarse en fundación.

En este punto, resulta curioso que no se concreta si se fijará un porcentaje mínimo de beneficios para obra social, lo que deja en manos del capital privado que domine el consejo de administración de la antigua caja ya convertida en banco la decisión sobre a qué desea destinar sus beneficios.

El Banco de España supervisará la implantación de Basilea III según el modelo de negocio

La reforma aprobada hoy también se adelanta a la próxima llegada de los nuevos requisitos de solvencia, liquidez y apalancamiento -deuda- de la nueva normativa internacional de supervisión, actualmente en debate, que se conoce como Basilea III. Así, se incluye en el texto una disposición para que, en cuanto estas exigencias entren en vigor, el Banco de España las pueda aplicar para las entidades residentes en España. Eso sí, según ha adelantado la ministra de Economía, Elena Salgado, la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez podrá fijar su grado de cumplimiento en función de su modelo de negocio. Es decir, que se habilita al Banco de España para que evalúe de forma independiente a cada una de ellas.

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