El pozo sin fondo de la limpieza de activos tóxicos

 
El mercado evidencia la necesidad de más saneamientos pero ni el Estado ni la banca están por la labor de financiar un ‘banco malo’.
 
Cinco Días – Madrid
El pozo sin fondo de la limpieza de activos tóxicos.

Las peticiones de la banca para retomar el proyecto del banco malo no han caído en saco roto. A pesar de que el número de entidades se ha reducido a un tercio y su tamaño se ha multiplicado por tres, a pesar de que el sector ha reducido un 15% su plantilla y su red, y a pesar de que ha provisionado más de 100.000 millones de euros para cubrir el deterioro de su cartera inmobiliaria, la desconfianza sobre la banca española permanece y hay que tomar medidas. El director de regulación del Banco de España, José María Roldán, reconocía el jueves en Londres, ante un grupo de inversores, que están estudiando fórmulas para “aislar” los activos tóxicos de las entidades financieras para tratar de devolver la credibilidad al sector.

Esta solución ha sido especialmente demandada por las cajas de ahorros. Una de las grandes dudas que persisten tras la puesta en marcha de la reforma financiera (la tercera desde que arrancó la crisis) es el futuro Bankia. Los analistas e inversores no terminan de convencerse de que el grupo presidido por Rodrigo Rato pueda ser capaz de seguir en solitario, y entre las pocas alternativas que tendría para sobrevivir es que pudiera beneficiarse de la creación de un banco malo. Esto es, que uno o varios fondos, dotados con capital público, le comprara los activos a los que no pueden dar salida: créditos a promotoras, suelo y otros activos inmobiliarios.

Los defensores de la medida citan reiteradamente lo que ocurrió en Suecia, en 1992. El país escandinavo, después de vivir una burbuja inmobiliaria similar a la española, creó dos sociedades para gestionar los activos adjudicados a los bancos. La medida permitió que las entidades financieras volvieran a dar crédito, la economía se reactivó y, al cabo de tan solo cinco años, esos fondos lograron vender los pisos y solares que se habían quedado, consiguiendo no solo que el Estado no incurriera en pérdidas, sino que tuviera beneficios.

“Lo más importante a la hora de adoptar una medida así es saber quién pagará la factura”, explica gráficamente Manuel Romera, director de sector financiero del IE Business School. “No es lo mismo que sean los accionistas de los bancos, a que sean los contribuyentes”.

El problema es que las arcas del Estado están exhaustas. Aunque no hay cálculos precisos de cuánto dinero requeriría ese banco malo para poder adquirir activos, firmas de inversión como Morgan Stanley han llegado a hablar de más de 70.000 millones de euros. Una cifra semejante sería difícilmente asumible para un Ejecutivo que está haciendo frente al mayor ajuste presupuestario de las últimas décadas.

Una alternativa sería crear algún tipo de fórmula mixta. “Lo ideal sería que hubiera una parte de dinero público y otra de dinero privado, a través de fondos especializados en gestionar este tipo de activos”, explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. A su juicio, lo importante sería dar un primer paso, aunque el vehículo no tuviera capacidad para absorber todos los activos tóxicos. “Aportando 20.000 o 30.000 millones de euros, el fondo podría empezar a operar, y evitaría que asumiera riesgos excesivos, como ocurrió con la solución diseñada para Irlanda”.

Tampoco el sector podría contribuir mucho para la creación del banco malo. Los bancos españoles tienen pendiente la decisión de Economía sobre cómo capitalizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), para que tenga capacidad para pagar los rescates de Banco de Valencia, que pasará seguramente porque las entidades adelanten sus aportaciones anuales. Además, el sector tienen el desafío de cumplir con los saneamientos impuestos en la reforma financiera.

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El objetivo de poner en marcha un banco malo sería doble. Por una parte, al aislar los activos tóxicos de la banca, pemitirían que el sector recuperara. En segundo lugar, los bancos y cajas que sacaran de sus balances activos invendibles, liberarían capital y tendrían mayor capacidad para volver a financiar a familias y empresas.

Las cifras

80% es la provisión que deben realizar los bancos sobre el precio al que tienen tasado el suelo en sus balances. Antes de la reforma financiera, la cobertura media del suelo era del 31%. Las promociones en curso deberán provisionarse en un 65%, frente al 27% previo.

 

21% es la tasa de morosidad que las empresas promotoras tienen con la banca. El sector acumula un volumen de activos tóxicos por importe de 176.000 millones de euros, el 52% de la exposición total al sector promotor y un 11,4% de los créditos al sector privado.

CaixaBank queda al borde del control de BPI

CaixaBank anunció anoche la compra a Banco Itaú del 18,87% de las acciones del portugués Banco BPI, por un precio de 93,4 millones de euros (a razón de medio euro por título). En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CaixaBank explica que la compra, condicionada a la declaración de no oposición del Banco de Portugal, significará para la entidad totalizar un 48,97% del capital de BPI.

El regulador del mercado de valores portugués, la CMVM, ha dispensado a CaixaBank del deber de lanzar una opa por el 100% del capital de BPI requerido cuando se supera un tercio de los derechos de voto correspondientes al capital social de una sociedad cotizada en Portugal.

La CMVM considera probado que CaixaBank no obtiene el control de BPI, en la medida en que no tenga mayoría en la junta de accionistas y exista proporcionalidad entre su representación en el consejo y su capacidad de voto. Eso sí: el regulador exige que, si CaixaBank lanza una opa en los próximos dos años, el precio de la oferta no sea inferior al precio por acción pagado en la adquisición de ayer.

Unnim perdió 469 millones en 2011

La entidad catalana Unnim, adquirida recientemente por BBVA, cerró 2011 con unas pérdidas de 469 millones de euros debido a las dotaciones realizadas para sanear el activo inmobiliario y por el coste de reestructuración derivado de la fusión de las cajas de Manlleu, Sabadell y Terrassa. En septiembre, las pérdidas fueron de 191 millones.

Unnim destinó el año pasado 518 millones al saneamiento de su cartera crediticia e inmobiliaria, mientras que el impacto del coste de reestructuración de la entidad tras la integración de las tres cajas ha conllevado unos gastos extraordinarios de 92 millones de euros.

El pozo sin fondo de la limpieza de activos tóxicos
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