Juego de manos ¿legal? en las cuentas culés

 
Fuente: M. Menchén/C. Fontgivell. Barcelona

No existe ninguna ilegalidad en la reformulación de las cuentas del FC Barcelona ejecutada por la directiva de Sandro Rosell, aunque pueda destilar un exceso de celo en sus acciones.

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Los expertos consultados por EXPANSIÓN coinciden en que el nuevo presidente del Barça se ha limitado a modificar las cuentas del ejercicio 2009-2010 en función de las salvedades e incertidumbres identificadas por Deloitte, pero se muestran convencidos de que ese informe sería diferente si fuese Joan Laporta el que hubiera cerrado los números.

“Con un mes más de plazo, el ex presidente y su directiva podrían haber aportado más información y haber discutido con los auditores algunas de las salvedades”, comenta José Velasco, responsable de la auditora BDO en Barcelona. De producirse esta situación, “seguramente no existirían ciertas salvedades e incertidumbres”, aseguran otros auditores que prefieren no identificarse.

Y es que, a la hora de opinar sobre este asunto, parece predominar la idea de que el máximo dirigente del Barça es más importante que el propio president de la Generalitat. Ninguna de las big four de la auditoría –KPMG, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers, junto a Deloitte– ha querido entrar a valorar objetivamente este proceso. Algunos de los bufetes de abogados más importantes, como Roca Junyent, también han preferido no manifestarse.

Cuestión de matices
Aunque Velasco juzga que “tanto la opinión de Laporta como la de Rosell puede ser buena”, son muchos los fiscalistas y auditores que se inclinan más por el criterio de prudencia de la junta entrante. El caso más evidente es el de la provisión de 37,8 millones de euros por el litigio que mantiene el club con Sogecable.

“Cuando desestiman un recurso por segunda vez, la ley te exige que provisiones una cantidad aproximada a la que puede ser la contingencia”, explican. La sentencia obliga al Barça a pagar 57 millones de euros aproximadamente, de los cuales ya se habían provisionado 20 millones. Ahora se ha provisionado la cantidad exacta, aunque se ha vuelto a recurrir la sentencia.

La coincidencia de opiniones se extiende a la negativa de Rosell a contabilizar 12 millones correspondientes a una prima de Mediapro de 20 millones, que se pactó e ingresó en 2008, pero que debía periodificarse a razón de cuatro millones de euros anuales.

El pasado junio se renovó el acuerdo con la productora catalana –propietaria de los derechos televisivos del club–, por lo que la junta saliente se apuntó los 12 millones que restaban por periodificar al entender que se trataba de un nuevo acuerdo. Por el contrario, los auditores consultados señalan que, aunque sea el único operador en España, continúa tratándose de la renovación de un contrato.

Refiriéndose aún a Mediapro –en este caso sobre la incertidumbre del pago de un premio de 13 millones–, una de las fuentes sí que se muestra contrario a la opinión de Deloitte. Este profesional no considera pertinente que se plantee una incertidumbre por el cobro, aunque la compañía esté en concurso de acreedores. “Mediaproducción –filial gestora de derechos deportivos del grupo de Jaume Roures– está pagando, y ningún club ha realizado provisiones por si la empresa es incapaz de hacer frente a sus obligaciones”, explica.

 
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En este sentido, cabe resaltar que el área económica del Barça, liderada por Javier Faus, no ha puesto en duda el cobro de los 140 millones de euros aproximados que abona la productora anualmente.

Las diferencias con Deloitte, e incluso con algunos de las fuentes cuestionadas, se extienden a las valoraciones de la auditora sobre Viladecans y Sant Joan Despí.

En el primer caso, tanto José Velasco, de BDO, como los fiscalistas del bufete Gómez-Acebo Pombo, Gonzalo Rodés y Javier Sánchez, apoyan la decisión de los nuevos dirigentes. “Da igual la fecha de la tasación; lo importante es que dice que se ha depreciado”, dicen. ¿Pero por qué ha pasado de valer 17 millones a sólo 5 millones? “La valoración de la nueva junta es consecuencia del cambio de usos del terreno, por lo que se está modificando la voluntad de la anterior dirección”, alertan fuentes jurídicas.

Por lo que respecta a la venta de una parcela en Sant Joan Despí por 14,9 millones, la junta alega que sólo existe un acuerdo privado y todavía no se ha registrado públicamente la segregación del terreno, motivo por el que, a su juicio, ese ingreso no puede contabilizarse. “Este argumento es débil”, defiende un fiscalista. “El registro sólo sirve para rendir cuentas ante terceros”, concluye.

En el caso de las minusvalías por el traspaso de Henry, una de las fuentes considera que son imputables a la junta de Laporta. En cambio, otros consideran que la existencia de un preacuerdo entre dos clubes no tiene ningún valor si no está refrendado por el jugador, por lo que las pérdidas deben anotarse este ejercicio.

Acción social
Donde sí existe plena coincidenda entre los juristas es en la necesidad de ejercer una acción social de responsabilidad contra la junta de Laporta, aunque su mandato se cierre con beneficios si un litigio por las cuentas de 2002-2003 le acaba siendo favorable (ver cuadro). “Son partidas que podrían haber aportado más ingresos con una buena gestión”, recuerda Pablo Romà, del bufete Romà Bohorques.

“El litigio podría durar hasta 10 años”, según Rodés. Y todavía podría intervenir Hacienda, ya que con estos resultados negativos, Rosell podría beneficiarse de las bases imponibles negativas por acumulación de pérdidas.
Otro punto en el que coinciden algunas fuentes es en la conveniencia de que, en un año de elecciones, la junta saliente permanezca en el cargo hasta que se auditen y aprueben las cuentas. Ello requeriría modificar los estatutos del club.

Juego de manos ¿legal? en las cuentas culés
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