Obama firma la reforma financiera como reivindicación de su política económica

 

 
Barack Obama ha convertido hoy la solemne ceremonia de firma de la ley de reforma financiera -histórica por su dimensión y por su significado- en un acto de reivindicación de su política económica, discutida por los expertos, incomprendida por la opinión pública y abiertamente rechazada por la clase empresarial.
“Los reguladores sólo tendrán una misión: proteger a los ciudadanos, no a los grandes bancos, no a los prestamistas, no a las firmas de inversión”
Para esta gran oportunidad se invitó a una extensa representación del Congreso y del mundo económico -desde las víctimas de la especulación a los banqueros que crearon el desastre de 2008- y se escogió, paradójicamente, el gigantesco edificio Ronald Reagan de Washington. Allí donde se recuerda el nombre del presidente que identificó al Estado como el principal obstáculo para el desarrollo y procedió a una masiva desregulación, Obama ha convertido en ley la más invasiva intervención del Gobierno en Wall Street en 70 años.
Es una ley que, no sólo constituye una gran victoria política de Obama, sino que ejemplifica perfectamente su pensamiento económico. “Esta reforma representa la mayor protección de la historia a los consumidores de productos financieros”, ha dicho el presidente en el acto. “Los reguladores”, ha añadido, “sólo tendrán una misión: proteger a los ciudadanos, no a los grandes bancos, no a los prestamistas, no a las firmas de inversión. El pueblo americano nunca más tendrá que pagar la factura por los errores de Wall Street”.
La ley, entre otras medidas, recorta considerablemente la capacidad de los bancos de hacer inversiones de riesgo, otorga mayores poderes a las autoridades para actuar en una entidad financiera a fin de prevenir su colapso, impone mayores controles sobre los créditos hipotecarios y reduce el margen que las empresas tenían hasta ahora para imponer tasas en las tarjetas de crédito.
Es el manifiesto de un presidente y de un equipo económico que confían en los recursos del Gobierno para crear las condiciones que eviten una repetición de la crisis que el sistema financiero, por sí sólo, fue incapaz de resolver hace dos años. Es, en definitiva, el manifiesto de un político que cree en el papel del Estado.
Sus principales decisiones desde que llegó a la Casa Blanca confirman esa visión: un plan de estímulo económico de 800.000 millones de dólares, una reforma sanitaria que crea una nueva y enorme burocracia pública para proteger a los pacientes y, ahora, esta reforma financiera. Eso, sin contar, con la intervención en las empresas automovilísticas -antes al borde de la quiebra, ahora en beneficios- y con el proyecto de reforma energética que ahora mismo se debate en el Congreso y que abrirá otro extenso campo para la actuación pública.
Todo eso le ha merecido el aplauso de los economistas de izquierdas -Paul Krugman que le decía el pasado fin de semana que haga oídos sordos a las críticas-, pero no el reconocimiento general. Un 56% de los norteamericanos, según una encuesta hecha pública ayer por la universidad de Quinnipiac, desaprueba la gestión económica de Obama mientras que sólo un 39% la apoya.
La explicación a esas cifras seguramente está más vinculada a la timidez del ritmo de crecimiento y de la creación de empleo que al debate sobre el modelo económico. Pero lo cierto es que todos esos logros legislativos no han servido, en parte porque sus efectos no son de repercusión inmediata, para fortalecer su figura frente a quienes sí se le han puesto enfrente como verdaderos rivales: los empresarios.
Obama “está llevando a cabo un programa que está enterrando a los negocios de Estados Unidos en una nueva generación de regulaciones y que está creando más incertidumbre para los empresarios, lo que significará más destrucción de empleo”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio, Tom Donahue, en una conferencia celebrada a principios de este mes que fue, probablemente, el mayor acto de condena al presidente que se ha visto en esta ciudad desde su llegada al poder. Ivan Seidenberg, el presidente de la compañía Verizon y de Business Roundtable, una importante asociación de empresarios, insistió la pasada semana en que la política de la Administración “está creando un clima crecientemente hostil para la inversión y la creación de empleo”.
El Gobierno se defiende con el argumento de que lo único que ha hecho hasta ahora ha sido, en realidad, reparar los daños causados por una Administración conservadora y anti reguladora. “Queremos seguir trabajando estrechamente con las empresas, pero trabajar estrechamente no significa que tengamos que desentendernos de las medidas correctoras que son necesarias”, ha declarado el principal asesor político del presidente, David Axelrod.
Esas medidas tienen un claro norte: el crecimiento económico. La oposición republicana y una parte de la opinión pública presionan a favor de reducir el déficit presupuestario federal por encima de cualquier otro objetivo. Pero la Casa Blanca sigue creyendo necesaria la apuesta por el estímulo puesto que, al ritmo actual, la economía se ve impotente para crear empleos en la proporción necesaria. Esta misma semana el Senado ha aprobado una iniciativa del presidente para extender las ayudas a los desempleados -otra forma de estímulo, en realidad- y están en discusión otras propuestas en esa misma dirección.
Un grupo de destacados economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, Robert Reich y Laura Tyson, firmaron el lunes una declaración animando al presidente a continuar por esa vía ya que, a su juicio, el declive en la demanda y la pérdida de confianza del consumidor son de tal dimensión que no pueden compensarse sólo con actuaciones monetarias.
 

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