CNE

Sepa todas las claves sobre la nueva factura de luz

Sepa todas las claves sobre la nueva factura de luz

Se fija una renta mínima, de 10.800 euros el cabeza de familia. La factura debe incluir el origen de la energía. El Gobierno va a mantener los actuales requisitos para ser beneficiario del bono social de la tarifa: tener contratada una potencia inferior a 3 kW; superar los 60 años y contar con una pensión mínima; ser familia numerosa y formar parte de una unidad familiar con todos los miembros en paro. Sin embargo, la situación cambia radicalmente pues, además de estas condiciones personales, se establece una renta mínima por debajo de la cual no se tendrá derecho a la tarifa social: el 120% del salario mínimo interprofesional o SMI (10.841 euros al año) para una primera persona de la familia; el 70% para una segunda persona con ingresos (7.588 euros al año) y el 50% del SMI (5.420 euros al año) para terceras y siguientes. Con estos topes el Gobierno va a conseguir reducir de manera sustancial el coste del bono social que, a partir de ahora pagarán las grandes eléctricas (en el segundo semestre, en que seguirá al actual sistema, supondrá unos 180 millones). Y es que el número de beneficiarios acogidos en estos momentos al bono social (tres millones de usuarios) se derrumbará más de la mitad, según cálculos del sector. Además, frente a lo declarado por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el bono no estará ligado al número de miembros de la familia ni únicamente a la renta. Así una familia con escaso ingresos pero que no se encuandre en las situaciones personales exigidas (por ejemplo, que no sea pensionista; ni tenga menos de 3 kW contratados;que no sea familia numerosa aunque tenga dos hijos; ni estén todos sus miembros en paro, aunque lo estén casi todos) seguirá sin derecho al descuento del bono social, aun siendo un consumidor vulnerable. Además, dicho descuento (el que se deriva de la congelación de la factura de la luz desde julio de 2009) se va a reducir pues se actualizará en un 3,41%, el porcentaje en que ha subido el salario mínimo desde 2009. En los seis meses siguientes a su entrada en vigor del RD, los usuarios que reúnan los requisitos deberán solicitarlo a la compañía eléctrica cumplimentando un cuestionario y entregando la declaración de la renta. El recibo El nuevo mecanismo del bono social está incluido en un real decreto que regula el suministro eléctrico, el último reglamento de la reforma eléctrica remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Este establece un nuevo modelo de factura de la luz más sencilla, cuyas condiciones se detallan en una resolución. Una de las novedades del recibo, basado en una propuesta hecha en su día por la CNE, es que las comercializadoras están obligadas a informar al cliente sobre el origen de la energía suministrada y los impactos medioambientales, así como sus derechos y las vías para solucionar sus conflictos en caso de litigio con la compañía. Las facturas deben desglosar los importes correspondientes a los peajes, los costes del sistema y los tributos que graven el consumo y los que apliquen, en su caso, las comunidades autónomas. Además de los datos del contrato (el código del punto de suministro, la pólica del contrato de acceso y los datos para el cálculo de dicha tarifa), la comercializadora de último recurso deberá informar a su cliente, entre otros, que es libre para irse al mercado libre y detallar la lista de comercializadoras que hay en el mercado. Habrá varios tipos de factura; para los consumidores acogidos al nuevo precio voluntario para el pequeño consumidor (la antigua TUR para menos de 10 kW de potencia que ahora se llama de suministro de referencia) con bono social; para estos mismos sin derecho a bono:y para usuarios que sin derecho al precio voluntario carezcan transitoriamente de un contrato (lor organismos morosos de la Administración). Se especificará como hasta ahora si el consumo es estimado o con lectura real del contador, regularizándose las cuantías y las tarifas y peajes que se le aplican. En general, las eléctricas ya cumplen estos requisitos. Adiós a la TUR para los domésticos Tal como avanzó el Gobierno la semana pasada, con la reforma eléctrica desaparece la tarifa de último recurso (TUR) a la que tienen derecho los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada. Esta tarifa, que nació en 2009, será sustituida por un precio voluntario al pequeño consumidor, un precio máximo por debajo del cual las comercializadoras podrán hacer descuentos u ofertas. La TUR quedará para los llamados consumidores vulnerables con derecho al bono social o a los organismos morosos que no logren un suministrador. El Gobierno ha optado por no bajar el límite que da derecho al precio voluntario, pero podrá bajarlo con solo una orden ministerial de Industria. Aunque la TUR no es en puridad una tarifa (se fija a través de las subastas Cesur), para que no quepa ninguna duda, el Gobierno elimina ahora el nombre de tarifa y especifica en el RD que regula el suministro eléctrico que los usuarios acogidos al nuevo precio voluntario “serán considerados como consumidores en el mercado liberalizado”. Las comercializadoras de este segmentos serán las mismas que hasta ahora: las de último recurso de los grandes grupos eléctricos (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España). Como todos ellos tienen también comercializadoras en el mercado libre, es muy dudoso, que estas estén dispuestas a hacer descuentos a través de sus comercializadoras de precio libre. La norma establece que el cambio de suministrador debe ser sencillo, gratuito y prohíbe al distribuidor que imponga trabas o retrase el cambio. También establece el plazo para cortar la luz en caso de impago: dos meses para los particulares y cuatro para la Adminitración, tras advertencias regladas. Vía|Carmen Monforte

El Gobierno congelará la parte regulada del recibo de la luz en enero

El Gobierno congelará la parte regulada del recibo de la luz en enero

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo congelará en enero los peajes de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad, en los que se recogen los costes regulados del sistema eléctrico, indicaron en fuentes del departamento dirigido por José Manuel Soria. El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ya anunció a finales de noviembre el compromiso del Gobierno de que los peajes eléctricos no subirán durante 2013. Por su parte, Soria también ha ratificado recientemente otro de los compromisos del Gobierno, consistente en que el déficit de tarifa sea cero en 2013. El desajuste del sistema eléctrico se debe a que los ingresos vía peajes son insuficientes para sufragar los costes reconocidos del sistema eléctrico. Los peajes tienen un peso cercano al 50% en la tarifa final de la luz, mientras que el resto corresponde al precio de la electricidad en los mercados, que se conocerá en la subasta entre comercializadoras del próximo 21 de diciembre y que previsiblemente registrará incrementos. La propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha detectado una subida de precios en los mercados a plazo de la electricidad superiores al 3,6% tras la aprobación por parte del Gobierno del anteproyecto de medidas fiscales de sostenibilidad energética y advierte de que estos incrementos contrastan con bajadas en otros países de Europa. En lo que va de año, el Gobierno ha elevado en dos ocasiones los peajes y los ha congelado en otras dos. Las subidas se aplicaron en enero y en marzo, aprovechando bajadas en las subastas eléctricas, y dieron como resultado una congelación de la TUR final en enero y una subida del 7% en marzo. La tarifa, que subió además un 3,9% en junio por el coste de la electricidad y pese a la congelación de peajes, registró posteriormente un abaratamiento del 2% en la revisión de octubre, después de que la subasta eléctrica cerrara con precios a la baja. La subida de peajes en enero fue recurrida por las eléctricas ante el Tribunal Supremo por considerarla insuficiente. La Justicia dio la razón a las empresas tanto en esta reivindicación como en la última revisión de tarifas realizada por el anterior Gobierno y obligó por ello a subir de forma retroactiva la TUR un 7%. Además de estas subidas, en septiembre comenzó a aplicarse el incremento del IVA, que en el caso de la electricidad ha pasado del 18% al 21%. Vía|EP.

La CNE alerta del riesgo de los altos precios eléctricos para la economía

La CNE alerta del riesgo de los altos precios eléctricos para la economía

En el ranking europeo de precios eléctricos antes de impuestos para domésticos, España es el tercer país más caro, según datos de Eurostat que recoge la CNE en su informe sobre el déficit tarifario. La situación para los consumidores industriales no es más halagüeña, lo que perjudica a la competitividad de las empresas españolas, según el regulador energético.   Carmen Monforte.  El informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre las medidas de ajuste regulatorio para resolver el déficit de la tarifa eléctrica incluye un estudio comparativo entre los precios finales de la electricidad antes de impuestos en España y el resto de países europeos, que demuestra la situación desventajosa de los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, respecto a sus homólogos europeos (ver gráfico). Utilizando estadísticas de Eurostat, la CNE concluye que los precios medios pagados en 2011 por los clientes domésticos españoles (en céntimos/kWh) eran los terceros más caros de entre una treintena de países europeos, solo por detrás de dos islas, Malta y Chipre. Además, el estudio muestra cómo ha crecido la brecha entre el precio de la electricidad en España y el resto de Europa en los últimos cinco años, hasta el punto de que en 2007 se situaba en el puesto número 14 del ranking, en mejor posición que Alemania o Reino Unido. Fue entre 2009 y 2010 cuando se produjo la gran escalada, de la mano de las primas a las renovables. El regulador energético precisa que algunos países, como Alemania, Dinamarca, Italia y Portugal excluyen de los precios finales la financiación de las energías renovables y la cogeneración y que los datos se refieren al primer semestre de 2011. Es precisamente, el coste de las primas que reciben estas energías las que han provocado el incremento de los precios en los últimos años. Aun con todo, según la Comisión, “el impacto de la factura eléctrica sobre el gasto medio anual medio de las familias en España supone el 2% y el de la factura del gas natural, el 0,74%”. Tampoco corren mejor suerte las pequeñas y medianas empresas de bajo consumo y la gran industria, que en 2011, según Eurostat, pagaron los precios medios más caros de los mencionados países, solo superados por los de Italia, República Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta. La situación es aún más grave en España si se tiene en cuenta el déficit estructural de la tarifa, un precio que los consumidores pagan de forma aplazada con un interés de hasta el 6%. De incluirse, según la CNE, España se colocaría sin ninguna duda como el país más caro de la Unión Europea. Para el regulador este diferencial de precios, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, tiene un “impacto directo en su competitividad”. Los peajes se disparan En cuanto a los precios mayoristas de la energía, estos han sido “generalmente coherentes” con los de los combustibles en los mercados internacionales, indica la CNE. Los de la electricidad se han situado incluso en la banda media-baja de los mercados mayoristas europeos. Y es que no ha sido el coste de la energía, sino el de los peajes de acceso (parte regulada de la factura eléctrica), el responsable del encarecimiento de la factura eléctrica española, cuya insuficiencia ha provocado el déficit tarifario. A través de los peajes, que han crecido un 70,7% entre 2003 y 2012, se financian, entre otros, las primas de las renovables, el propio déficit de los años pasados y las infraestructuras de distribución y transporte. El informe del regulador subraya que mientras los ingresos medios de los peajes (que pagan la totalidad de los consumidores) aumentaron un 70% entre 2006 y 2010, los costes lo han hecho en un 140%. Las partidas que más han crecido son las primas del régimen especial (un 40,3%); los costes de las redes (39,8%) y las anualidades para financiar el citado déficit (otro 10%). Tanto esta partida como la de las citadas primas se han multiplicado por cinco. Los países con más renovables son los más caros El hecho de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya subrayado en su informe la brecha creciente entre los precios eléctricos en España y el resto de países europeos, supone una advertencia sobre el peligro de que las medidas de ajuste para eliminar el déficit de tarifa anunciado por el Gobierno recaigan exclusivamente sobre los consumidores (ello implicaría una subida de los peajes superior al 30%, según la Comisión). Además, el informe no se refiere únicamente a los consumidores domésticos, que tienen también una tarifa (TUR) para la energía en sí, sino a las empresas que, aunque compran la electricidad en el mercado libre, pagan igualmente los peajes de acceso, lo que incide negativamente en su competitividad. En su comparativa de precios con Europa, la Comisión de la Energía señala que las primas de las renovables son financiadas directamente por los consumidores eléctricos en todos los países europeos (mediante incentivos; certificados verdes o mecanismos de subastas de capacidad), excepto en los casos de Finlandia, Noruega, Holanda y Luxemburgo que aplican tasas o impuestos al resto de las energías para primar las renovables. Precisamente, entre los países con precios más elevados se encuentran los que más incentivan la producción del régimen especial. Según Eurostat, en 2009, último año con datos comparables, España era el país cuya demanda se cubría en mayor medida con renovables (un 28,6%), seguido de Portugal (27,4%); Dinamarca (26%) y Alemania (14,1%). Asimismo, España fue el país con el sobrecoste más elevado (6.035 millones de euros), seguido de Alemania (5.618 millones) e Italia (2.638 millones).

Las eléctricas podrán leer los contadores cada seis meses sólo si el cliente acepta

Efe. Las lecturas reales de los contadores de la luz deberán realizarlas las empresas distribuidoras cada dos meses y no cada seis y, en caso de que se opte por una periocidad semestral, las eléctricas sólo podrán efectuarlas con la aceptación del consumidor. La renovación de los contadores de la luz debe ser gratuita. Hasta el momento, había casos en los que las compañías llevaban a cabo la lectura cada seis meses, una situación que provocaba quejas entre los consumidores, además de facturas de la luz inesperadas. En virtud de la resolución que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Industria ha acordado modificar algunos aspectos del procedimiento que regula cómo se debe facturar la electricidad en base a estimaciones. De esta forma, el departamento que dirige Miguel Sebastián ha acordado modificar el apartado tercero de la resolución de 14 de mayo de 2009 para asimilar, en los casos en los que no existe un histórico de consumo, las estimaciones eléctricas tras aumentos o disminuciones de potencia contratada. Una modificación que pretende evitar en estos supuestos que la factura eléctrica sea o bien superior o inferior a la que se deriva de la nueva potencia. Por ello, y hasta que exista un promedio histórico de la nueva potencia contratada, Industria ha añadido un nuevo apartado que recoge que en aquellos suministros en los que el consumo entre dos lecturas reales sea nulo no se estime el de los siguientes periodos de facturación sobre el promedio histórico del año anterior. En estos casos, hasta que se produzca la siguiente lectura real del contador, en las facturaciones mensuales que se basen en consumos estimados el término de energía será igual a cero. La nueva redacción de la resolución de Industria entrará en vigor a partir del 1 de julio y contra ella cabe la posibilidad de interponer un recurso en un plazo de un mes. Con este desarrollo normativo, el Gobierno asume las recomendaciones realizadas a finales de enero por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre consumo eléctrico, en las que se incluía la necesidad de aclarar que las lecturas reales de los contadores de la luz deben realizarse de forma bimestral.